El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció en campaña electoral que construirá una alternativa vial en la Costa Verde a fin de agilizar el tránsito vehicular por la zona del circuito de playas y
los distritos que comprende. Volvió a mencionar este proyecto en el
balance de sus primeros 100 días que hizo público en el Teatro Municipal
de Lima el pasado jueves 20 de abril.
"En la Costa Verde hay un semáforo, una vía rápida, que es absurdo. Ahí viene el viaducto Bertolotto, que permite ir desde Chorrillos hasta el Callao sin interrupción, y lo vamos a hacer en esta gestión con base en priorizar el pueblo de Lima", indicó la autoridad edil.
¿Por dónde pasará el nuevo viaducto Bertolotto?
El nuevo viaducto Bertolotto debería ser edificado entre la avenida Costanera y el circuito de playas, mismas que servirían como pistas alternas. Según información difundida en redes sociales por Rafael López Aliaga
durante la campaña electoral, se buscaría que haya salidas estratégicas
en las bajadas con mayor tránsito como Armendáriz, Balta, etc.
¿Qué distritos unirá el nuevo viaducto Bertolotto?
El nuevo viaducto Bertolotto uniría las jurisdicciones de Chorrillos y el Callao pasando por Barranco, San Isidro y San Miguel.
Otras obras anunciadas
Viaducto Las Américas, que pasará por la vía Evitamiento
Ampliación Venezuela, con bypass en el cruce con avenidas principales
A fin de crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de
mantener las playas libres de residuos, la Municipalidad de Lima, junto a
11 municipios distritales y 645 voluntarios, participaron en una
jornada de limpieza simultánea en 17 playas de la capital, donde se
recolectó 11,032 kg de residuos sólidos.
La actividad se llevó a cabo en las playas Miramar y Conchitas
(Ancón), Grande (Santa Rosa), Los Yuyos y Las Sombrillas (Barranco),
Agua Dulce I y II y Las Sombrillas (Chorrillos), La Pampilla I y La
Pampilla II (Miraflores) Venecia y Barlovento (Villa El Salvador), San
Pedro (Lurín), El Silencio (Punta Hermosa), Punta Rocas (Punta Negra),
Norte A y B (San Bartolo), Grande y Chica (Santa María) y Naplo
(Pucusana).
La gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la
Municipalidad de Lima, Vianca Madrid, expresó su agradecimiento a los
presentes y reafirmó que con estas actividades “aportamos a la gestión
ambiental integral de las playas del litoral de la provincia de Lima,
con el fin de asegurar su conservación y prevenir su contaminación”.
El acto de inauguración de esta iniciativa ambiental se realizó en la
playa “Las Sombrillas” en Chorrillos, y contó con la presencia de
representantes de las municipalidades de Lima, Barranco y Chorrillos.
Cabe señalar que las acciones de limpieza se efectuaron con el apoyo
de instituciones como la Dirección de Guardacostas de la Marina de
Guerra del Perú y organizaciones civiles como la ONG Tierra y Ser, el
grupo de voluntarios de la UNMSM y la organización Buscando Cambio.
El Día Internacional de Limpieza de Playas data de 1986, cuando el
Centro de Conservación Marina de los Estados Unidos invitó a la
población a cuidar de este ecosistema para evitar una catástrofe
ecológica marino. Es así, como a la fecha se celebra en más de 90
países, incluido el Perú.
De esta forma, la campaña demuestra el trabajo colaborativo que viene
ejerciendo la comuna limeña para reducir los índices de contaminación
en las costas y garantizar que este espacio público presente condiciones
salubres.
Vía
de 9.6 km permite enlazar Barranco y Chorrillos con San Juan de
Miraflores y Villa El Salvador en aproximadamente 35 minutos.
La Av. Defensores del Morro (antes Huaylas) luce completamente
renovada desde noviembre pasado, fecha en la que fue entregada por el
alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a los ciudadanos.
El proyecto, a cargo de Emape, incluyó la demolición de la pista, que
estaba en muy mal estado, para ejecutar una nueva de concreto y
asfalto. También se reconstruyeron veredas, sardineles y se
implementaron rampas de accesibilidad y pavimento podotáctil para las
personas con discapacidad motora y visual. Además, se renovaron las
rejas de la berma central, bolardos y se mejoraron las áreas verdes, así
como la señalización vertical y horizontal.
Proyecto incluyó la demolición de la pista que estaba en muy mal estado para ejecutar una nueva de concreto y asfalto.
Asimismo, se colocaron modernos semáforos, los cuales forman parte de
la ola verde –sincronización de estos dispositivos–, y se implementó
una ciclovía. De igual manera, se ejecutó un nuevo paso a desnivel de
454 m en la antigua Panamericana Sur, en el sentido norte-sur, que
beneficiará a los conductores que realizan la conexión entre Chorrillos y
Villa El Salvador.
El nuevo paso a desnivel de la Integración cuenta con dos carriles de
norte a sur con dirección a Villa El Salvador, barreras de seguridad,
señales preventivas, informativas y reguladoras, alumbrado público y
áreas verdes en el entorno.
Renovada vía cuenta con modernos semáforos, una ciclovía y un paso a desnivel que se ejecutó en la antigua Panamericana Sur.
De esta forma la renovada Av. Defensores del Morro conecta
directamente la Costa Verde con la Panamericana Sur, al enlazar Barranco
y Chorrillos con San Juan de Miraflores y Villa El Salvador en
aproximadamente 35 minutos.
La obra, que demandó una inversión de más de S/150 millones, forma
parte del plan integral de mejoramiento vial que la Municipalidad de
Lima lleva adelante para beneficio de los ciudadanos de la capital.
Y es que ha llamado la atención la extensa rampa de 458 metros del puente “inclusivo”.
Según Muñoz, se
ha construido pensando en las personas con discapacidad y ciclistas.
“Incluye rampas de accesibilidad para el fácil desplazamiento de sillas
de ruedas y bicicletas”, precisó.
No obstante, para el arquitecto Óscar Apaza Frisancho, miembro de la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima (UDEAL), esta obra reafirma el principio sobre el que se construye la ciudad: el auto privado por encima del peatón. “Se prioriza que los conductores no hagan el ‘esfuerzo’ de frenar; por eso una persona debe recorrer el equivalente a cuatro cuadras en subida si quiere cruzar”, dijo.
En tanto, la urbanista Solangel Fernández, exministra de Vivienda, señala que existe un gran problema de enfoque en la Costa Verde, ya que mientras los ciudadanos quieren un espacio público accesible para todos,
el municipio lo entiende prioritariamente como una autopista. “En tanto
esa visión no cambie, tendremos más intervenciones así”, aseveró.
Fernández
también coincide en que los autos deberían parar y esperar para que
las personas accedan a la playa a través de cruces a nivel. “Las rampas
son una buena solución para distancias cortas. Este es un tramo larguísimo para una persona en silla de ruedas, un adulto mayor o una familia con pequeños”.
Debido a ello, sugiere que se habiliten líneas de transporte público
inclusivo que conecten la Costa Verde con Lima y Callao, como el
Metropolitano.
Espacio. Una propuesta de la Bienal Lima es recuperar y hacer más accesible la Costa Verde. Foto: La República
Muñoz responde
Tras los cuestionamientos, Muñoz dijo que el puente es de uso mixto y permite la interconexión de peatones,
en función a una pendiente reglamentaria. “Quienes critican
manifiestan una falta de empatía; el que una rampa sea de esta
envergadura no solo es para el tránsito de ciclistas sino también para
el de los vecinos en silla de ruedas”.
Trabajos de mantenimiento se desarrollan en 590 m de extensión, a la altura de la playa Redondo, en Miraflores.
Con una inversión de S/483,967, la Municipalidad de Lima, a través de
Emape, viene reparando la vía Costa Verde en ambas direcciones, a la
altura de la playa Redondo, en Miraflores.
Los trabajos de mantenimiento se llevan a cabo en cuatro tramos, que
hacen una extensión de 590 m, donde ya se ejecutó el retiro de la capa
superficial de la calzada –que se encontraba en avanzado estado de
deterioro– y la colocación de mezcla asfáltica nueva en un área de 6,114
m2.
En los próximos días se efectuará el pintado de 917 m2 de
señalización horizontal, lo cual brindará una mayor visibilidad y
seguridad a los conductores que circulan por la vía. Las actividades de
asfaltado se ejecutaron entre las 10 p.m. y 5 a.m., a fin de no
interrumpir la fluidez vehicular en esta zona.
Actividades de asfaltado se ejecutaron entre las 10 p.m. y 5 a.m., a fin de no interrumpir la fluidez vehicular en la zona.
Ingenieros, técnicos y operarios fueron los encargados de las
labores, quienes contaron con equipos de protección personal, al igual
que volquetes, minicargadores, pavimentadoras de asfalto y rodillos
compactadores. Para la señalización horizontal usarán máquinas
especializadas en el pintado del pavimento.
Estas acciones forman parte del plan integral de mantenimiento vial
2021 que la Municipalidad de Lima, liderada por el alcalde Jorge Muñoz,
lleva adelante con el propósito de devolverle la funcionalidad y
seguridad a importantes arterias de la capital.
Bordemar, que alberga a uno de los restaurantes del exministro
Carlos Bruce, está en guerra con la Municipalidad de Barranco. La comuna
le exige pagar una deuda de más de US$7,5 millones y la Marina acusa a
la empresa dueña -que es del hijo de Genaro Delgado Parker- de
falsificar documentos. Los aludidos niegan los cargos y se amparan en
sendas medidas cautelares.
El complejo de
restaurantes ‘Bordemar’ se ha enfrascado en una guerra judicial contra
la municipalidad de Barranco. Desde que José Rodríguez asumió la
alcaldía distrital, ha buscado la manera de desalojar a los inquilinos
de este terreno, ubicado frente a la playa Las Cascadas, que fue
concesionado en los 90 a una compañía de Gustavo Delgado Cafferata. Se
trata del hijo del desaparecido broadcaster Genaro Delgado Parker.
Bordemar no cuenta con la
zonificación correspondiente, no tiene el permiso de la Autoridad del
Proyecto Costa Verde y, según la comuna, el concesionario debe más de
US$7,5 millones de soles por la explotación del terreno. “Para nosotros
el contrato ya está anulado y estamos en la fase de requerimiento de
devolución del inmueble”, dice el alcalde Rodríguez a Sudaca.
A las deudas se suma una denuncia del
año pasado por falsificar documentos ante la Marina de Guerra del Perú,
en su afán por ampliar el negocio. La compañía niega las acusaciones,
dice que las deudas son producto de los cierres que ha padecido y se
aferra al contrato de concesión que le fue otorgado en los 90, protegido
desde hace siete años por medidas cautelares.
La Autoridad del Proyecto Costa Verde
(APVC), que maneja un plan de desarrollo para esa franja costera y está
adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, también se opone a
las autorizaciones obtenidas por Bordemar. “Es importante mencionar que
este caso se encuentra judicializado, por lo que la comuna limeña espera
un fallo justo que permita revertir lo autorizado, por cuanto en su
momento no obtuvo opinión favorable por parte de la APCV”, dice en un
escueto comunicado Fátima Gomero Denegri, gerenta de esta entidad.
La funcionaria no quiso emitir más comentarios a pesar de tener un rol clave en todo este asunto.
Izquierda:
Carta de la municipalidad enviada a la concesionaria exigiéndole el
pago de la deuda de más de S/7 millones. Fue en julio pasado. Derecha:
Los cálculos del municipio.
CONCESIÓN SIN ZONIFICACIÓN
Gustavo Delgado Cafferata era
presidente del directorio de la desaparecida empresa GD Group cuando, el
6 de julio de 1994, la Municipalidad de Barranco le dio en concesión un
terreno de 10.000 metros cuadrados frente a la playa Las Cascadas. El
contrato tenía una vigencia de 20 años y el objetivo de desarrollar allí
un centro turístico, con restaurantes e incluso un casino.
Pero la zonificación no le permitía
llevar a cabo esas obras. En abril de ese año, además, se había
publicado la Ley 26306, que señala expresamente que las autorizaciones
que se den “deben respetar las zonificaciones y ser compatibles con el
Plan Maestro de Desarrollo [de la Costa Verde]». En la norma se lee,
además, que ”dichas autorizaciones deberán ser ratificadas por la
Autoridad del proyecto Costa Verde (…) la encargada de ratificar toda
propuesta municipal o privada”.
El espacio pasó una década sin
explotarse, hasta que el 2005 la municipalidad firmó un contrato de
alquiler con otra empresa de Delgado Cafferata: World Entertainment
& Communications (WEC). Fue por un área que está justo al costado
del primer terreno. Y ese mismo año, GD Group le cedió a WEC la
concesión de 1994. Todo quedaba en casa: ambas compañías tenían detrás
al mismo empresario.
Así que, en la práctica, el hijo de
Genaro empezó a administrar un área total de casi 15.000 metros
cuadrados. Luego de ese 2005, construyó un complejo deportivo al que
denominó Sport Point, un negocio que sí estaba permitido por la
zonificación.
Hasta que llegó el 2010. Ese año, el
concejo municipal acordó cambiar la zonificación del área de “zona
servicios” a “zona turística”, lo que permitía la operación de
restaurantes en la zona. La empresa de Delgado Cafferata tuvo entonces
vía libre para volver a su idea inicial cuando firmó el contrato de
concesión en 1994. El negocio iba bien hasta que el hijo de Genaro se
cruzó con José Rodríguez, hoy alcalde de Barranco.
UN ALCALDE CONOCIDO
El 2011, la Autoridad del Proyecto
Costa Verde era encabezada por Rodríguez, quien consideraba un escándalo
el cambio de zonificación de las playas de Barranco. La comuna se había
saltado olímpicamente a la autoridad que él representaba, encargada de
dar luz verde a estas modificaciones.
Rápidamente, Rodríguez envió una
carta a la municipalidad distrital manifestando su preocupación por los
nuevos locales construidos en Bordemar. En mayo, solicitó que se anule
el cambio de zonificación. El consejo municipal tuvo que acatar.
Pero el 2014 WEC denunció a la municipalidad por incumplimiento de contrato. El monto que pedían era de US$20 millones, según dicen en un comunicado enviado a este medio. Ese
mismo año, los restaurantes pudieron reabrir gracias a una medida
cautelar que pedía cumplir el convenio firmado en 1994 hasta que se
resuelva el proceso judicial. Gracias a ello, el negocio siguió viento
en popa y llamó la atención de varios emprendedores gastronómicos. Uno
es el excongresista y exministro de Vivienda, Carlos Bruce.
Medida
cautelar de mayo de este año a favor de Bordemar. La municipalidad
alega que eso no impide que fiscalicen el lugar por no tener
zonificación.
El 2016, Afe Gourmet SAC, la empresa
de Bruce, inauguró La Trastienda. Y dos años después, el 2018, llegó al
vecindario Arnold’s, de Damian Ode. Ambas obtuvieron sus licencias de
funcionamiento en la anterior gestión municipal barranquina.
Los empresarios estuvieron tranquilos
hasta que José Rodríguez llegó a la municipalidad en el 2019. Desde que
empezó su gestión en Barranco, él ha puesto en la mira el complejo
Bordemar por lo ya explicado: no opera en una zonificación adecuada ni
con autorización de Autoridad del Proyecto Costa Verde.
¿Por qué no fiscaliza de la misma
manera a restaurantes vecinos como Cala o Rústica? En la comuna
responden que ambas construcciones están sobre una zonificación que
permite el comercio y adjuntan el mapa.
El gran escollo que tenía la gestión
de Rodríguez, sin embargo, era la medida cautelar que le habían dejado
como herencia. Pero el alcalde señala: “Ese recurso de amparo dice
claramente que la municipalidad no pierde su capacidad de fiscalización.
Es decir, que el contrato se tiene que cumplir. Pero si estos señores
tienen la cocina sucia, tenemos que fiscalizar”. Y así lo hizo.
OBJETIVO: DESALOJO
En el 2020 la pandemia obligó a los
locales de Bordemar a cerrar temporalmente. Y cuando vino la
reactivación económica, hacia setiembre, la municipalidad puso en marcha
un plan de fiscalización.
“Nosotros hemos clausurado locales
sin licencia ni defensa civil [al interior de Bordemar]. Y quedaron
Arnold’s y La Trastienda, que son los únicos con licencia obtenida el
2016 y 2018. Pero no tienen el permiso de la Autoridad del Proyecto
Costa Verde. Por tanto, esas licencias tampoco han sido bien dadas”,
explica el alcalde José Rodríguez, que dice que la clausura es parte de
las medidas de fiscalización que la cautelar le reconoce al municipio.
En setiembre del 2020, la comuna
cerró todo el complejo “por permitir el ingreso de personas para
actividades no permitidas por la zonificación vigente”. En mayo de este
año, una nueva medida cautelar dictaminó que la municipalidad debía
dejar explotar la concesión, respetando el contrato de 1994. Pero la
municipalidad insiste en que el Poder Judicial no les recortó su
capacidad fiscalizadora.
Así, de acuerdo a un acta de la
subgerencia de fiscalización, en octubre pasado la comuna volvió a usar
los mismos argumentos para clausurar La Trastienda y Arnold’s: no
contaban con la autorización del Proyecto Costa Verde.
Carlos Bruce, dueño de La Trastienda,
se defiende. Dice que la mentada autorización no está contemplada en la
Ley de Licencias de Funcionamiento del 2007, que exige a los municipios
adecuar sus procedimientos a esa norma para emitir los permisos.
‘Techito’ también acusa a la
municipalidad de sacar una ordenanza previa a la clausura de su local en
la que incluían como razón de cierre precisamente eso: no tener la
autorización de la Autoridad del Proyecto Costa Verde. En la
municipalidad responden que lo único que hicieron fue ingresar aquello
como causal de multa y que se siguen amparando en la ley de 1994.
“La ley existe y eso ya implica una
obligación de parte de quienes van a sacar un permiso. Lo que nosotros
no teníamos establecido en nuestro cuadro de infracciones es una sanción
para quien incumpla esa medida. Simplemente le hemos puesto una multa a
eso que ya tenían que cumplir”, dice Rodríguez.
Alcalde de Barranco José Rodríguez. Se ha vuelto la peor pesadilla de Bordemar.
De acuerdo a los planos de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, además, La Trastienda está en el
área alquilada. Como señalamos al inicio de este reportaje, desde el
2005 WEC -la dueña de Bordemar- tiene un terreno alquilado al lado de la
concesión de 1994. Ahí se ubica el local de Bruce.
Aquel contrato es uno de alquiler, no
de concesión, y señala que la empresa no podía subarrendar el terreno a
menos que se cuente “con el asentimiento expreso de la municipalidad”.
En WEC le sacaron la vuelta al asunto y aseguran -en un comunicado
enviado a Sudaca- que no tienen un contrato de arrendamiento con la
compañía de Bruce, sino uno de “asociación”. Dicen que AFE Gourmet es
socio de la concesionaria. “No son mis socios, para nada”, había dicho
Bruce a Sudaca días antes de tener la versión de la empresa de Delgado
Cafferata.
En la municipalidad agregan que aquel
contrato de alquiler ya caducó. Carlos Bruce, sin embargo, prefiere
volver a poner como escudo la cautelar: “La cautelar es vigente para
World Entertainment y para todos los locales con los que ellos tengan
contrato. Al darme licencia, se me incorpora a la concesión”.
LA FALSIFICACIÓN
Hay más vacíos. El terreno donde se
ubica el restaurante de Bruce está registrado a nombre de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE). De acuerdo a los
planos municipales, el 70% de toda esa área está inscrita a favor de
dicha entidad pública. Esto, según el municipio de Barranco, porque se
considera una franja de protección acuática.
“Nuestra propiedad ahora se reduce al
30% de lo que teníamos antes [el resto es del SNBE]. Significa que esos
locales están ahora en un lugar que debía ser libre, donde no debería
haber nada porque ahora eso es una playa”, dice Rodríguez.
Pero Bruce no le reconoce ni siquiera
ese 30% a la comuna. Por eso, dice que Bordemar ha empezado a tratar
los asuntos empresariales con La Marina. Parece que no empezó con el pie
derecho.
Parte
de la resolución de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
que sanciona a la dueña de Bordemar: «Ha quedado evidenciado que la
empresa, representada por su apoderado Gustavo Delgado Cafferata, ha
presentado documentación fraudulenta e información falsa».
El 26 de agosto del 2020, la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) emitió una
resolución sancionando a WEC porque había “presentado documentación
fraudulenta e información falsa” ante la Marina. El documento señala que
la empresa de Delgado Cafferata solicitó un permiso para ampliar el
proyecto Bordemar hacia el área acuática y colocar ahí un embarcadero.
La resolución dice que WEC entregó dos oficios supuestamente elaborados
por la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) que le daban al
proyecto “la compatibilidad de uso” y una “certificación definitiva”
para permitir su instalación.
Parecía que el imperio Bordemar
crecería hasta que, en julio de ese año, la APCV le dijo a la Marina que
no reconocía como suyos los documentos que presentó la empresa. La
Dicapi dispuso sancionar a la empresa con 10 UIT (S/43.000) y remitir la
resolución a la Procuraduría de la institución “a fin de que interponga
la acción penal correspondiente”.
En WEC rechazan las acusaciones.
“Quien realiza la falsificación es un trabajador del gobierno regional
de Lima, por ende mi representada tomó acciones legales y denunció ante
la fiscalía de corrupción de funcionarios”, dice la abogada de la
empresa, Magaly Salvador. Eso no es lo que dice la Marina de Guerra en
su resolución.
Bordemar, que enfrenta ahora a su
posible desaparición, ha exigido al juez que le brindó la medida
cautelar que ordene a las fuerzas del orden reabrir el complejo. Pero
José Rodríguez tiene un plan B para clausurarlo.
El alcalde ha apuntado a las deudas
de la concesionaria para resolver el contrato de manera definitiva.
Según cálculos de la comuna, desde el 2007 la empresa ha dejado de pagar
en rentas más de U$943.000. Con intereses, el monto ha llegado hasta
los US$7,5 millones, asegura un informe.
En agosto de este año, el concejo
municipal decidió que esto era una causal para resolver el contrato
inmediatamente. WEC alega que el inicio de pagos debió empezar el 2009,
dos años después de obtener sus licencias, y que “la municipalidad sigue
cobrando sobre el año que nos han cerrado”.
Pero no es la única arruga de la
empresa dueña del complejo. Según los registros de la Sunat, la compañía
debe S/211.503 al Tesoro Público y a EsSalud. La empresa de Delgado
Cafferata dice que no pudieron pagar los años en los que fueron
clausurados.
El
último sábado, un grupo de vecinos protestó en las instalaciones del
complejo de restaurantes. «Sí a la playa, no a Bordemar», fue el
mensaje.
EL PROBLEMA COSTA VERDE
El problema de la Costa Verde, sin
embargo, excede a Bordemar. Es el producto de una serie de autoridades
locales que dieron permisos sin apegarse al Plan Maestro de la franja
costera. “La Costa Verde ha sido un espacio vulnerado en las últimas
décadas en sus características geográficas y paisajísticas, y también en
sus características de uso. Ya en el Plan Maestro, la Costa Verde
estaba destinada a usos deportivos y de recreación, y esto se ha ido
desvirtuando a raíz de las malas prácticas de ciertos alcaldes”, señala
Oscar Apaza, arquitecto de UDEAL, organización que agrupa a
profesionales y estudiantes de temas urbanos.
Para el especialista las autoridades
han hecho con la Costa Verde lo mismo que con otros espacios públicos de
nuestra ciudad “Concesionarlos, privatizarlos y desnaturalizarlos en su
uso, generando en muchos casos espacios que funcionan alrededor del
consumo. Consumo que, dicho sea de paso, sólo es accesible para algunas
personas. Porque no estamos hablando de restaurantes al paso, sino de
locales para clase media y alta”, apunta.
Aldo Facho Dede, cofundador de la Red
Latinoamericana de Urbanistas, profundiza en el caos. “El problema de
fondo no es si tiene que haber comercio o no en la Costa Verde. La
manera más natural de que este espacio sea nutrido y concurrido es que
tenga actividad urbana y comercial. Eso debería responder a un análisis
mayor de qué es lo que queremos que sea la Costa Verde y qué hacemos
para que eso sea así”, opina.
El fondo, dice, está en la
gobernanza: “Es una sumatoria de actos individuales de corto plazo o con
una intención política más que colectiva. Y tiene un problema de
gobernanza, porque la Autoridad del Proyecto Costa Verde no es ni
autoridad ni autónoma. Quienes tienen la responsabilidad sobre los
terrenos y los recursos son los distritos. Y el distrito no piensa en la
metrópoli, sino que tiene una mirada distrital”. Urge el liderazgo en
la Municipalidad Metropolitana de Lima, que lamentablemente no existe.
Sucedió cuando Luis Diaz Venero cayó sobre una rampa metálica
provisional instalada por la Municipalidad de Lima para los ciclistas,
que tiene una estructura de andamios resbaladiza.
Joven denunció que rampa colocada por la Municipalidad de Lima es un riesgo para ciclistas. (Facebook: Luis Díaz Venero)
A
seis días de haberse entregado la ampliación de la Costa Verde, que
comprende una ciclovía, un ciclista denunció haber perdido uno de sus
dedos tras caer en una de las rampas metálicas para bicicletas instalada
por la Municipalidad de Lima.
“Para
quien no lo conoce, la base del puente es de metal (como un rallador de
queso) y tiene surcos verticales. Al ser una superficie lisa, la llanta
resbaló, y al caer mi mano trató de apoyarse sobre la base para
recuperar control, pero mi peso hizo que el dedo meñique sea amputado en
el acto”, dijo Luis Díaz Venero. “La saqué barata, porque creo que he
podido morir”, añadió.
(Facebook: Luis Diaz Venero)
Sucedió
a la altura del distrito de San Miguel, donde recientemente fue
inaugurada esta vía para ciclistas. Como se recuerda, la Municipalidad
de Lima entregó un tramo en la Costa Verde, que comprende desde la
avenida Rafael Escardó hasta el jirón Virú. Se trata de una
infraestructura vial de casi tres kilómetros de extensión que también
tiene una vía para bicicletas.
Para
acceder a esta última los ciclistas deben subir una rampa metálica
provisional. El colectivo de ciclistas CicloAxión advierte que esta
rampa con estructura de andamios que la municipalidad ha instalado para
subir al puente es un peligro. “No solo el metal del piso es resbaloso
(aun sin garúa) sino también tiene canaletas en las que pueden atorarse
las llantas y generar un accidente. Vimos a varios ciclistas que nos
acompañaban a subir con dificultad la rampa. Probablemente esa
estructura no soporte un sismo, sería bueno escuchar la opinión de
Defensa Civil al respecto”, dijo.
(Facebook: Luis Diaz Venero)
Luis
Díaz Venero, quien se recupera, responsabilizó a la Municipalidad de
Lima y al alcalde Jorge Muñoz por entregar esta obra en estas
condiciones. “Este tipo de obras atentan contra la vida de quienes
optamos por usar la bicicleta como medio de transporte (y estilo de
vida). Estuve toda la madrugada entre hospitales y clínica, buscando un
especialista para reimplantarlo, pero lamentablemente no fue posible y
quedaré mutilado. Gracias a mis amigos por la asistencia inmediata, al
serenazgo de San Miguel por la pronta atención, y a mi familia por estar
conmigo en todo momento”, dijo Venero.
(Facebook: Luis Diaz Venero)
CicloAxión
publicó un comunicado en el que expresan los peligros de esta nueva
vía, que ha sido inaugurada sin contar con las medidas de seguridad
necesarias.
“Lamentablemente
una vez más la indolencia de las autoridades y políticos nos demuestran
que los ciclistas no somos prioridad en las políticas ni presupuestos
de movilidad en la ciudad. Como indicamos anteriormente, la rampa, la
altura del muro sin baranda, el ancho de la ciclovía en varios tramos y
el diseño de la ruta de salida de la parte baja están mal hechos. A
cuatro días de inaugurada esta obra incompleta ya tenemos una primera
víctima. ¿De qué sirve que tengamos en la Municipalidad de Lima a
Ciclolima si no cumplen su rol de velar por los ciclistas antes de que
se entreguen estas obras?”, manifestó.
¡Trabajando por una ciudad moderna y ordenada! El alcalde Jorge Muñoz entregó la mega obra Vía Costa Verde, tramo av. Rafael Escardó - jr. Virú, en San Miguel, que beneficiará a más de un millón de vecinos. #MásObrasSinCorrupción
Durante la mañana de este día jueves 27 de febrero, el alcalde de Lima,
Jorge Muñoz, inauguró una importante obra vial en la Costa Verde, donde
además de encabezar el acto, ofreció declaraciones a los medios de
comunicación. "Va a beneficiar a todos los limeños", valoró el
burgomaestre, quien ante la prensa explicó los detalles de los trabajos
realizados en el importante sector de la capital.
Estregamos
a la ciudad la gran obra vía Costa Verde, tramo Escardó-Virú de 2.7 km,
que conectará los distritos de Chorrilllos y el Callao. Esta obra que
empezó al inicio de nuestra gestión busca dar mayor fluidez al tránsito
de nuestra ciudad. Seguimos trabajando por #MásObrasSinCorrupción
Costa Verde. La vía habilitada, tiene 3 kilómetros que conectan Chorrillos con La Perla, Callao.
Tras estar paralizada por tres años debido a los problemas de corrupción de Odebrecht, la obra Costa Verde Callao ahora estará bajo la vigilancia del Ejecutivo, así lo decidieron el presidente de consejo de ministros, Vicente Zeballos, el alcalde de lima, Jorge Muñoz, y el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti.
Según precisó Muñoz, será el viceministro de Transportes y Comunicaciones quien lidere este grupo de trabajo para la obra que se abandonó en el 2017 al 80% de avance. Mandriotti aseguró que para marzo de este año ya habrán progresos considerables.
Cabe mencionar que esta obra tiene una extensión de 8.5 kilómetros y conectará Chorrillos y La Punta en tan solo 25 minutos beneficiando a un millón de personas.
Un derrumbe de rocas y tierra se produjo esta mañana en la Costa Verde a
la altura de la playa Los Yuyos, bloqueando las vías con dirección a
Barranco y Chorrillos. Según el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el
derrumbe se habría ocasionado por el humedecimiento de la zona.
La fiscalización
de los nuevos límites de velocidad y la restricción al transporte de
carga en la Costa Verde inició con un periodo de marcha blanca, pues a
partir del 16 de diciembre empezará la aplicación de sanciones efectivas
a los infractores, informó hoy el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.
“Estamos presentando
dos medidas que buscan beneficiar a los conductores, pasajeros y
peatones que utilizan la vía. Esperamos que los ciudadanos tomen
consciencia y respeten las normas para tener una Costa Verde más
segura”, dijo.
El burgomaestre llegó
hasta el Puente Del Ejército, en Magdalena del Mar, para supervisar la
fiscalización de velocidad a cargo de la Policía Nacional del Perú y
explicó que esta labor se realiza a través de cinemómetros (equipos
portátiles) dispuestos en nueve puntos de control a lo largo del
circuito de playas.
La velocidad máxima en la Costa
Verde es de 60 kilómetros por hora (km/h), a excepción de la zona de
clubes, donde es de 40 kilómetros por hora (km/h).
Muñoz precisó que la
multa por exceder los límites de velocidad es de 756 soles y que los
sancionados no podrán acceder a descuentos pues se trata de una
infracción muy grave (M-20), según el Reglamento Nacional de Tránsito.
Restricción para camiones
Según lo dispuesto por
la Municipalidad de Lima, los vehículos de carga mayores a 6.5
toneladas no podrán circular en la vía de la Costa Verde en el tramo
comprendido entre la Bajada Escardó (San Miguel) y la Bajada Huaylas
(Chorrillos), incluyendo las vías de acceso a esa zona.
No obstante, el
alcalde aclaró que el abastecimiento a los restaurantes, clubes y otros
locales de venta al público se realizará en vehículos que no superen las
18.5 toneladas en horario nocturno, de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. de lunes a
sábado. Los mismos horarios se aplicarán a los vehículos que apoyen en
la implementación de eventos temporales.
Los propietarios de
vehículos de transporte de carga y mercancías que incumplan estas
disposiciones serán multados con 336 soles a partir del 16 de diciembre.
Con estas acciones la
Municipalidad de Lima busca prevenir los accidentes de tránsito en la
Costa Verde por ser una de las zonas con mayor concurrencia zonas con
mayor concurrencia.
La noche del último lunes se realizó el montaje de la estructura principal del puente peatonal La Amistad. Esta obra permitirá unir los distritos de Miraflores y San Isidro y estaría lista antes de Navidad.
El alcalde Jorge Muñoz supervisó las acciones de intervención en los
acantilados de la Costa Verde, en el marco de la declaratoria de
emergencia en esta zona.
El alcalde Jorge Muñoz supervisó la construcción de la vía Costa Verde,
tramo av. Rafael Escardó - jr. Virú, que presenta un avance de 80% y
beneficiará a más de 129 mil ciudadanos.
