Esta obra fue hecha con recursos públicos? Pasó por el https://t.co/bxJoYj9BF9? La inversión pública busca atender el cierre de brechas de infraestructura necesaria para el desarrollo del país y prestación de servicios, no esto @ContraloriaPeru #GobiernoAbierto @lamula pic.twitter.com/d4E07lKv4Z
— Karla Gaviño (@KarlaGavinoM) January 23, 2026
@aldoramirezrunner Volvieron los robos a los deportistas por la ruta del callao, más seguridad por la zona . . #ciclismo #ciclismoderuta #masseguridad #callaoprogresamostodos ♬ sonido original - Aldo Manuel Ramirez
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/JMEOUQN5TRHOTN7V3MGBC4WGDA.jpg)
El avance del mar en el sector de la playa Los Delfines, en Miraflores, ha ocasionado la destrucción de un tramo de la vereda del malecón de la Costa Verde, lo que ha puesto en riesgo a transeúntes y visitantes.
El arquitecto José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores, señaló a Latina que el colapso de la vereda debido la erosión del mar ocurrió el último sábado, por lo que se restringió la circulación de personas por la zona.
“Lo que vemos acá es el triste epílogo de un proceso constante de erosión que se ha ido generando en los últimos 15 años, en los cuales hemos hecho diagnósticos territoriales y Miraflores, en 15 años, ha perdido 11 hectáreas de territorio de playa, equivalente a 11 manzanas”, expresó el funcionario.
Remarcó que antes había una distancia de 30 metros entre el mar y el malecón, pero eso ha ido disminuyendo por una falta de mantenimiento de los espigones desde el 2006. La pérdida de territorio de playa es de dos hectáreas en Los Delfines.
Oviedo indicó que esta semana, ante los informes emitidos por el municipio de Miraflores, se han reunido representantes de la Municipalidad de Lima, de la Marina de Guerra del Perú y de la Autoridad del Proyecto Costa Verde para analizar el tema y adoptar medidas.
Consultado sobre a quién le corresponde actuar en dicho tramo de la Costa Verde, señaló que Emape es la entidad a cargo de la zona, pero, según señaló, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina tiene que dar la autorización.
El funcionario de Miraflores consideró que el caso merece el apoyo del Gobierno debido a que la reparación integral del malecón, construido en 2016, demandará una inversión de millones de soles, así como la declaratoria de emergencia en la zona.
El complejo de restaurantes ‘Bordemar’ se ha enfrascado en una guerra judicial contra la municipalidad de Barranco. Desde que José Rodríguez asumió la alcaldía distrital, ha buscado la manera de desalojar a los inquilinos de este terreno, ubicado frente a la playa Las Cascadas, que fue concesionado en los 90 a una compañía de Gustavo Delgado Cafferata. Se trata del hijo del desaparecido broadcaster Genaro Delgado Parker.
Bordemar no cuenta con la zonificación correspondiente, no tiene el permiso de la Autoridad del Proyecto Costa Verde y, según la comuna, el concesionario debe más de US$7,5 millones de soles por la explotación del terreno. “Para nosotros el contrato ya está anulado y estamos en la fase de requerimiento de devolución del inmueble”, dice el alcalde Rodríguez a Sudaca.
A las deudas se suma una denuncia del año pasado por falsificar documentos ante la Marina de Guerra del Perú, en su afán por ampliar el negocio. La compañía niega las acusaciones, dice que las deudas son producto de los cierres que ha padecido y se aferra al contrato de concesión que le fue otorgado en los 90, protegido desde hace siete años por medidas cautelares.
La Autoridad del Proyecto Costa Verde (APVC), que maneja un plan de desarrollo para esa franja costera y está adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, también se opone a las autorizaciones obtenidas por Bordemar. “Es importante mencionar que este caso se encuentra judicializado, por lo que la comuna limeña espera un fallo justo que permita revertir lo autorizado, por cuanto en su momento no obtuvo opinión favorable por parte de la APCV”, dice en un escueto comunicado Fátima Gomero Denegri, gerenta de esta entidad.
La funcionaria no quiso emitir más comentarios a pesar de tener un rol clave en todo este asunto.
CONCESIÓN SIN ZONIFICACIÓN
Gustavo Delgado Cafferata era presidente del directorio de la desaparecida empresa GD Group cuando, el 6 de julio de 1994, la Municipalidad de Barranco le dio en concesión un terreno de 10.000 metros cuadrados frente a la playa Las Cascadas. El contrato tenía una vigencia de 20 años y el objetivo de desarrollar allí un centro turístico, con restaurantes e incluso un casino.
Pero la zonificación no le permitía llevar a cabo esas obras. En abril de ese año, además, se había publicado la Ley 26306, que señala expresamente que las autorizaciones que se den “deben respetar las zonificaciones y ser compatibles con el Plan Maestro de Desarrollo [de la Costa Verde]». En la norma se lee, además, que ”dichas autorizaciones deberán ser ratificadas por la Autoridad del proyecto Costa Verde (…) la encargada de ratificar toda propuesta municipal o privada”.
El espacio pasó una década sin explotarse, hasta que el 2005 la municipalidad firmó un contrato de alquiler con otra empresa de Delgado Cafferata: World Entertainment & Communications (WEC). Fue por un área que está justo al costado del primer terreno. Y ese mismo año, GD Group le cedió a WEC la concesión de 1994. Todo quedaba en casa: ambas compañías tenían detrás al mismo empresario.
Así que, en la práctica, el hijo de Genaro empezó a administrar un área total de casi 15.000 metros cuadrados. Luego de ese 2005, construyó un complejo deportivo al que denominó Sport Point, un negocio que sí estaba permitido por la zonificación.
Hasta que llegó el 2010. Ese año, el concejo municipal acordó cambiar la zonificación del área de “zona servicios” a “zona turística”, lo que permitía la operación de restaurantes en la zona. La empresa de Delgado Cafferata tuvo entonces vía libre para volver a su idea inicial cuando firmó el contrato de concesión en 1994. El negocio iba bien hasta que el hijo de Genaro se cruzó con José Rodríguez, hoy alcalde de Barranco.
UN ALCALDE CONOCIDO
El 2011, la Autoridad del Proyecto Costa Verde era encabezada por Rodríguez, quien consideraba un escándalo el cambio de zonificación de las playas de Barranco. La comuna se había saltado olímpicamente a la autoridad que él representaba, encargada de dar luz verde a estas modificaciones.
Rápidamente, Rodríguez envió una carta a la municipalidad distrital manifestando su preocupación por los nuevos locales construidos en Bordemar. En mayo, solicitó que se anule el cambio de zonificación. El consejo municipal tuvo que acatar.
Pero el 2014 WEC denunció a la municipalidad por incumplimiento de contrato. El monto que pedían era de US$20 millones, según dicen en un comunicado enviado a este medio. Ese mismo año, los restaurantes pudieron reabrir gracias a una medida cautelar que pedía cumplir el convenio firmado en 1994 hasta que se resuelva el proceso judicial. Gracias a ello, el negocio siguió viento en popa y llamó la atención de varios emprendedores gastronómicos. Uno es el excongresista y exministro de Vivienda, Carlos Bruce.
El 2016, Afe Gourmet SAC, la empresa de Bruce, inauguró La Trastienda. Y dos años después, el 2018, llegó al vecindario Arnold’s, de Damian Ode. Ambas obtuvieron sus licencias de funcionamiento en la anterior gestión municipal barranquina.
Los empresarios estuvieron tranquilos hasta que José Rodríguez llegó a la municipalidad en el 2019. Desde que empezó su gestión en Barranco, él ha puesto en la mira el complejo Bordemar por lo ya explicado: no opera en una zonificación adecuada ni con autorización de Autoridad del Proyecto Costa Verde.
¿Por qué no fiscaliza de la misma manera a restaurantes vecinos como Cala o Rústica? En la comuna responden que ambas construcciones están sobre una zonificación que permite el comercio y adjuntan el mapa.
El gran escollo que tenía la gestión de Rodríguez, sin embargo, era la medida cautelar que le habían dejado como herencia. Pero el alcalde señala: “Ese recurso de amparo dice claramente que la municipalidad no pierde su capacidad de fiscalización. Es decir, que el contrato se tiene que cumplir. Pero si estos señores tienen la cocina sucia, tenemos que fiscalizar”. Y así lo hizo.
OBJETIVO: DESALOJO
En el 2020 la pandemia obligó a los locales de Bordemar a cerrar temporalmente. Y cuando vino la reactivación económica, hacia setiembre, la municipalidad puso en marcha un plan de fiscalización.
“Nosotros hemos clausurado locales sin licencia ni defensa civil [al interior de Bordemar]. Y quedaron Arnold’s y La Trastienda, que son los únicos con licencia obtenida el 2016 y 2018. Pero no tienen el permiso de la Autoridad del Proyecto Costa Verde. Por tanto, esas licencias tampoco han sido bien dadas”, explica el alcalde José Rodríguez, que dice que la clausura es parte de las medidas de fiscalización que la cautelar le reconoce al municipio.
En setiembre del 2020, la comuna cerró todo el complejo “por permitir el ingreso de personas para actividades no permitidas por la zonificación vigente”. En mayo de este año, una nueva medida cautelar dictaminó que la municipalidad debía dejar explotar la concesión, respetando el contrato de 1994. Pero la municipalidad insiste en que el Poder Judicial no les recortó su capacidad fiscalizadora.
Así, de acuerdo a un acta de la subgerencia de fiscalización, en octubre pasado la comuna volvió a usar los mismos argumentos para clausurar La Trastienda y Arnold’s: no contaban con la autorización del Proyecto Costa Verde.
Carlos Bruce, dueño de La Trastienda, se defiende. Dice que la mentada autorización no está contemplada en la Ley de Licencias de Funcionamiento del 2007, que exige a los municipios adecuar sus procedimientos a esa norma para emitir los permisos.
‘Techito’ también acusa a la municipalidad de sacar una ordenanza previa a la clausura de su local en la que incluían como razón de cierre precisamente eso: no tener la autorización de la Autoridad del Proyecto Costa Verde. En la municipalidad responden que lo único que hicieron fue ingresar aquello como causal de multa y que se siguen amparando en la ley de 1994.
“La ley existe y eso ya implica una obligación de parte de quienes van a sacar un permiso. Lo que nosotros no teníamos establecido en nuestro cuadro de infracciones es una sanción para quien incumpla esa medida. Simplemente le hemos puesto una multa a eso que ya tenían que cumplir”, dice Rodríguez.
De acuerdo a los planos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además, La Trastienda está en el área alquilada. Como señalamos al inicio de este reportaje, desde el 2005 WEC -la dueña de Bordemar- tiene un terreno alquilado al lado de la concesión de 1994. Ahí se ubica el local de Bruce.
Aquel contrato es uno de alquiler, no de concesión, y señala que la empresa no podía subarrendar el terreno a menos que se cuente “con el asentimiento expreso de la municipalidad”. En WEC le sacaron la vuelta al asunto y aseguran -en un comunicado enviado a Sudaca- que no tienen un contrato de arrendamiento con la compañía de Bruce, sino uno de “asociación”. Dicen que AFE Gourmet es socio de la concesionaria. “No son mis socios, para nada”, había dicho Bruce a Sudaca días antes de tener la versión de la empresa de Delgado Cafferata.
En la municipalidad agregan que aquel contrato de alquiler ya caducó. Carlos Bruce, sin embargo, prefiere volver a poner como escudo la cautelar: “La cautelar es vigente para World Entertainment y para todos los locales con los que ellos tengan contrato. Al darme licencia, se me incorpora a la concesión”.
LA FALSIFICACIÓN
Hay más vacíos. El terreno donde se ubica el restaurante de Bruce está registrado a nombre de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE). De acuerdo a los planos municipales, el 70% de toda esa área está inscrita a favor de dicha entidad pública. Esto, según el municipio de Barranco, porque se considera una franja de protección acuática.
“Nuestra propiedad ahora se reduce al 30% de lo que teníamos antes [el resto es del SNBE]. Significa que esos locales están ahora en un lugar que debía ser libre, donde no debería haber nada porque ahora eso es una playa”, dice Rodríguez.
Pero Bruce no le reconoce ni siquiera ese 30% a la comuna. Por eso, dice que Bordemar ha empezado a tratar los asuntos empresariales con La Marina. Parece que no empezó con el pie derecho.
El 26 de agosto del 2020, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) emitió una resolución sancionando a WEC porque había “presentado documentación fraudulenta e información falsa” ante la Marina. El documento señala que la empresa de Delgado Cafferata solicitó un permiso para ampliar el proyecto Bordemar hacia el área acuática y colocar ahí un embarcadero. La resolución dice que WEC entregó dos oficios supuestamente elaborados por la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) que le daban al proyecto “la compatibilidad de uso” y una “certificación definitiva” para permitir su instalación.
Parecía que el imperio Bordemar crecería hasta que, en julio de ese año, la APCV le dijo a la Marina que no reconocía como suyos los documentos que presentó la empresa. La Dicapi dispuso sancionar a la empresa con 10 UIT (S/43.000) y remitir la resolución a la Procuraduría de la institución “a fin de que interponga la acción penal correspondiente”.
En WEC rechazan las acusaciones. “Quien realiza la falsificación es un trabajador del gobierno regional de Lima, por ende mi representada tomó acciones legales y denunció ante la fiscalía de corrupción de funcionarios”, dice la abogada de la empresa, Magaly Salvador. Eso no es lo que dice la Marina de Guerra en su resolución.
Bordemar, que enfrenta ahora a su posible desaparición, ha exigido al juez que le brindó la medida cautelar que ordene a las fuerzas del orden reabrir el complejo. Pero José Rodríguez tiene un plan B para clausurarlo.
El alcalde ha apuntado a las deudas de la concesionaria para resolver el contrato de manera definitiva. Según cálculos de la comuna, desde el 2007 la empresa ha dejado de pagar en rentas más de U$943.000. Con intereses, el monto ha llegado hasta los US$7,5 millones, asegura un informe.
En agosto de este año, el concejo municipal decidió que esto era una causal para resolver el contrato inmediatamente. WEC alega que el inicio de pagos debió empezar el 2009, dos años después de obtener sus licencias, y que “la municipalidad sigue cobrando sobre el año que nos han cerrado”.
Pero no es la única arruga de la empresa dueña del complejo. Según los registros de la Sunat, la compañía debe S/211.503 al Tesoro Público y a EsSalud. La empresa de Delgado Cafferata dice que no pudieron pagar los años en los que fueron clausurados.
EL PROBLEMA COSTA VERDE
El problema de la Costa Verde, sin embargo, excede a Bordemar. Es el producto de una serie de autoridades locales que dieron permisos sin apegarse al Plan Maestro de la franja costera. “La Costa Verde ha sido un espacio vulnerado en las últimas décadas en sus características geográficas y paisajísticas, y también en sus características de uso. Ya en el Plan Maestro, la Costa Verde estaba destinada a usos deportivos y de recreación, y esto se ha ido desvirtuando a raíz de las malas prácticas de ciertos alcaldes”, señala Oscar Apaza, arquitecto de UDEAL, organización que agrupa a profesionales y estudiantes de temas urbanos.
Para el especialista las autoridades han hecho con la Costa Verde lo mismo que con otros espacios públicos de nuestra ciudad “Concesionarlos, privatizarlos y desnaturalizarlos en su uso, generando en muchos casos espacios que funcionan alrededor del consumo. Consumo que, dicho sea de paso, sólo es accesible para algunas personas. Porque no estamos hablando de restaurantes al paso, sino de locales para clase media y alta”, apunta.
Aldo Facho Dede, cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, profundiza en el caos. “El problema de fondo no es si tiene que haber comercio o no en la Costa Verde. La manera más natural de que este espacio sea nutrido y concurrido es que tenga actividad urbana y comercial. Eso debería responder a un análisis mayor de qué es lo que queremos que sea la Costa Verde y qué hacemos para que eso sea así”, opina.
El fondo, dice, está en la gobernanza: “Es una sumatoria de actos individuales de corto plazo o con una intención política más que colectiva. Y tiene un problema de gobernanza, porque la Autoridad del Proyecto Costa Verde no es ni autoridad ni autónoma. Quienes tienen la responsabilidad sobre los terrenos y los recursos son los distritos. Y el distrito no piensa en la metrópoli, sino que tiene una mirada distrital”. Urge el liderazgo en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que lamentablemente no existe.
https://sudaca.pe/noticia/informes/los-inquilinos-indeseados-de-la-costa-verde-de-barranco/
Han pasado más de 6 años desde que se iniciaron las obras y el estado ha desembolsado más de 470 millones de soles para la construcción de los 5.8 km que faltan para que la Costa Verde llegue hasta el distrito de La Punta, en el Callao.
Sin embargo, hasta del día de hoy la zona continúa presentando un panorama que nos hacen pensar que esta vía no se hará realidad pronto. Más allá de los tres By pass que están bastante avanzados, no hay un solo centímetro más de pista o asfalto, solo gran cantidad de basura e indigentes en la zona.
Para el gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Flórez, el reiniciar una obra en las partes que no han sido utilizadas “van a requerir algunos acondicionamientos que van a generar un sobrecosto en ese pequeño tramo, pero más allá la pérdida económica están los sobre costos que genera la congestión del tráfico y la contaminación ambiental”.
Desde la altura del jirón Bolognesi hacia La Punta en los llamados Barracones del Callao, no parece haber pasado maquinaria, pero sí se puede observar gran cantidad de desmonte y basura.
¿Desde cuándo está paralizada? Esta obra se inició en mayo del 2014, comprende 3 carriles de ida y vuelta que le permitirían a los conductores llegar desde La Punta hasta Chorrillos en tan solo 25 minutos.
Pero fue recién el 2017 que la Contraloría halló una serie de irregularidades en este proyecto, donde estaban involucrados 15 funcionarios que participaron en la licitación y en la suscripción de adendas del contrato beneficiando a la empresa Odebretch.
Desde entonces, la obra se encuentra judicializada y ante esta situación, el representante de la Fundación Transitemos, propone que esta sea terminada a través de una asociación público privada.
